LA CORTE CONSAGRA UNA DECISIÓN QUE PROFUNDIZA LA ENTREGA DE LA TIERRA ARGENTINA

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) rechazamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei. Se trata de una decisión regresiva que evita pronunciarse sobre el fondo de una medida de enorme trascendencia para el país y termina avalando uno de los aspectos más cuestionados del decreto presidencial. Allí donde amplios sectores de la sociedad argentina reclamamos que la tierra, los bienes comunes y la soberanía no están en venta, la Corte eligió garantizar la continuidad de una política que favorece la concentración y la extranjerización del territorio.
La derogación de la Ley de Tierras encontró desde el primer momento un rechazo amplio y transversal. Organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, excombatientes de Malvinas, movimientos sociales, sindicatos, espacios académicos y numerosos sectores políticos advirtieron sobre los riesgos de eliminar los límites a la propiedad extranjera de la tierra. Sin embargo, la Corte decidió desentenderse de ese debate y cerrar el camino judicial a un planteo que buscaba defender un interés colectivo fundamental para el presente y el futuro de nuestro pueblo.
La tierra no es una mercancía. Es el soporte de la vida, de la producción de alimentos, de las economías regionales y de la identidad de las comunidades que habitan el territorio. Al habilitar un escenario de mayor concentración y extranjerización, este fallo fortalece un modelo que expulsa familias productoras, profundiza el poder de las corporaciones y debilita la capacidad de nuestro país para decidir sobre sus recursos estratégicos. No se trata solamente de quién es propietario de una parcela, sino de quién controla el agua, los bosques, las semillas y los territorios donde se desarrolla la vida de millones de personas.
Desde la UTT sostenemos que la soberanía territorial y la soberanía alimentaria son derechos que deben ser defendidos por el conjunto de la sociedad. Este fallo representa un nuevo retroceso en materia de derechos colectivos y una señal preocupante sobre el rumbo que pretenden imponer el gobierno nacional y los sectores concentrados de la economía. Frente a ello, seguiremos organizándonos y construyendo agroecología, arraigo y producción de alimentos para nuestro pueblo, convencidos de que la tierra debe estar al servicio de quienes la trabajan y de las necesidades de la Nación, y no de la especulación y los intereses de unos pocos.

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT)