La tierra, como el agua y el aire son elementos indispensables para la reproducción de la vida sobre la tierra. Su privatización, y aún más, su concentración, implica necesariamente la desposesión por parte del resto de la sociedad con las consecuencias directas e inmediatas sobre la posibilidad de la reproducción vital de nuestro pueblo.

Mientras en nuestro país más de trece millones de hectáreas se encuentran en manos de compañías extranjeras, más de 5 millones de personas viven en barrios populares y el 80% de la producción agrícola en la zona núcleo se hace sobre campos alquilados, el gobierno de Milei impulsa una ley para darle todavía más poder a los dueños de la tierra, a las grandes corporaciones multinacionales y a los grandes negocios inmobiliarios y financieros.

La llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” facilita desalojos, desregula la venta de tierras a extranjeros, debilita la Ley de Manejo del Fuego y hace casi imposible cualquier política pública de acceso a la tierra y la vivienda. 

Más concentración, más negocios y menos derechos para quienes producen alimentos, alquilan, trabajan la tierra o buscan un lugar donde vivir.

Las organizaciones campesinas, territoriales, ambientales, sindicales, académicas y sociales rechazamos el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el gobierno de Javier Milei porque representa un nuevo avance sobre los territorios, los bienes comunes y los derechos de las mayorías populares, ya que busca darle todavía más poder a los grandes propietarios, a los fondos de inversión y a quienes ven la tierra y la vivienda solamente como un negocio.

Mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda, mientras productores y productoras alquilan la tierra para poder sembrar y mientras comunidades campesinas e indígenas siguen peleando por el reconocimiento de sus territorios, el gobierno decide proteger a los que más tienen y dejar aún más desamparados a quienes producen alimentos y sostienen la vida en nuestros pueblos y barrios.

Esta ley hace más difícil cualquier política pública de acceso a la tierra y a la vivienda. Encarece las expropiaciones, judicializa los conflictos y limita la capacidad del Estado para intervenir cuando el interés social está en juego. Quieren un Estado ausente para el pueblo, pero muy presente para garantizar negocios.

En la zona núcleo del país, el 80% de la producción se realiza sobre campos arrendados y entre el 60 y el 70% de quienes producen en la agricultura familiar no son dueños de la tierra que trabajan. Esta ley profundiza esa desigualdad: fortalece a quienes concentran tierras como activo financiero y debilita a quienes producen alimentos para nuestro pueblo.

Después de derogar la Ley de Alquileres y eliminar con el DNU 70/23 las pocas garantías que tenían millones de hogares inquilinos, el gobierno ahora busca dar un paso más contra el derecho a la vivienda, ⁹ya que esta ley acelera los desalojos, reduce los tiempos de defensa y elimina incluso la posibilidad de saldar la deuda para evitar que una familia sea expulsada de su casa.

Mientras los alquileres aumentan por encima de los salarios y cada vez más familias destinan más de la mitad de sus ingresos para poder vivir bajo un techo, el gobierno responde con más negocios inmobiliarios y menos derechos.

El proyecto también pretende avanzar sobre la Ley de Tierras Rurales, elimina los límites de las restricciones a la extranjerización. La tierra pasa a ser una mercancía al servicio de capitales concentrados, muchos de ellos extranjeros, mientras desaparecen límites pensados para defender la soberanía territorial y alimentaria. Con una ley así pretenden ejecutar el desguace territorial de Argentina. Actualmente en nuestro país más de 13 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras, esto equivale a la superficie de Santa Fe. Los mayores poseedores de tierras, los capitales estadounidenses, tienen una superficie superior a la de la provincia de Tucumán. A su vez, 36 departamentos a nivel nacional superan el 15% de extranjerización que fija la ley, incluso hay 4 departamentos donde más de la mitad de las tierras se encuentran en manos de capitales extranjeros. Las modificaciones a la ley de tierras son, lisa y llanamente, una cesión de soberanía y una puesta en venta de nuestro territorio nacional.

A eso se suma la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que elimina restricciones al cambio de uso del suelo después de incendios. Es decir: abren la puerta a más especulación inmobiliaria, más negocios privados y más destrucción ambiental. En vez de prevenir incendios intencionales y proteger los territorios, favorecen a quienes hacen plata quemando monte, bosque y humedales.

La ley también acelera desalojos y facilita expulsiones de familias de sus viviendas y territorios. En medio de una crisis social y económica cada vez más profunda, el gobierno responde con una mayor liberalización del mercado de tierras e inmobiliario, desprotegiendo aún más a los sectores más vulnerablles, promueve una mayor concentración y  vulnera derechos.

Le quieren seguir “regalando” la tierra a los Trump, los Peter Thiel, los Benetton, los Joe Lewis, los Paul Tudor Jones o los Elsztain. Es una ley pensada para la especulación, no para el pueblo.

No es una ley técnica. Es una definición política.

Quieren una Argentina donde la tierra quede en pocas manos, donde el territorio se ordene según la rentabilidad y donde el acceso a la vivienda, a la producción y al arraigo dependa solamente de quién puede pagar.

Nosotros defendemos otra idea de país.

Una vez más profundizan la flexibilización ambiental y permiten la entrega de nuestros bienes comunes naturales, como las zonas ribereñas de cuerpos de agua. Por eso defendemos la tierra como un bien común, al servicio de la producción de alimentos, de la vida digna, del arraigo rural y de la soberanía de nuestro pueblo.

Por eso exigimos:

  • El rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
  • La defensa de la Ley de Tierras Rurales y de la soberanía territorial.
  • La recuperación de las tierras extranjerizadas en los departamentos que superan el 15% fijado por la ley de tierras y en lugares con espejos de agua como el caso paradigmático de Lago Escondido.
  • La defensa de la Ley de Manejo del Fuego y de los bienes comunes.
  • Políticas públicas de acceso a la tierra y a la vivienda.
  • Protección para las familias campesinas, comunidades indígenas, cooperativas e inquilinos.
  • Tierra para quien la trabaja y produce alimentos.
  • La recuperación del principio jurídico de la función social de la propiedad: la propiedad de la tierra no puede estar escindida de la responsabilidad con la comunidad.

La tierra y la vivienda no pueden quedar en manos de la especulación.

La tierra no puede ser un bien de renta, tiene que ser un bien de trabajo.
 La tierra no se vende, se defiende.

Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT)
MNCI Somos Tierra
FECOFE
Bases Federadas
Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA)
La Cámpora
CTA Autónoma
Inquilinos Agrupados
CEPPAS
CIEPA
FARN
Red Universitaria por la Crisis Climática – RUCC
Jóvenes por el Clima Argentina
Isla Verde
Observatorio de Tierras (PRIHA-FCE)
Frente Nacional Campesino
Córdoba Comunidad
CGT Regional Oeste
Sivendia (Sindicato de Canillitas)
Movimiento Octubres
La Dignidad Rural
Frente Agrario Evita
Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL)